CORRIENTES: Administración fraudulenta de los gobiernos nacional, provincial y municipal -J.A.G.-


por JUÁN ALFREDO GONZÁLEZ, Secretario Gral. CTA-Corientes-

Los “gerentes” de Macri & asociados, ahora administradores del Estado nacional, seguramente son expertos en vaciamiento fraudulento de empresas. Pero, en cuanto a la manipulación administrativa que realizan para el vaciamiento fraudulento del Estado solo evidencia su conducta delictiva e inmoralidad política, y el alto grado de impunidad judicial.

Es más que escandaloso el armado doloso contra el Estado y los trabajadores, que están haciendo para realizar el “negociado inmobiliario” del Plan Costero.

En Corrientes, nadie tiene dudas, del significado de este mega proyecto de negocios, empresarial financiero de inversión externa, originado y fundamentado en la identidad política de los “negocios privados y particulares, con bienes y recursos públicos” del gobierno nacional. Proyecto que solo es posible de realizar con la complicidad, de la que ellos mismos se jactan de haber logrado, de los gobiernos de nación, provincia y municipio.

Necesitaban una norma, ordenanza municipal, que habilite lo prohibido. Y lo hicieron, contra todo derecho.

Ahora, la base del proyecto está sustentada en tres terrenos, de importante dimensión, estratégicamente ubicados en la costanera correntina, pertenecientes a la Dirección Nacional de Vías Navegables, Dirección Nacional de Vialidad y el ex Regimiento de Infantería 9. Terrenos que son de propiedad, de estos organismos; es decir, asumen, al ser propiedad del Estado Nacional, son bienes bajo su administración de gobierno.

Para la administración  de los bienes, propiedad, del Estado nacional se creó una Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo descentralizado de la Jefatura de Gabinete. Pero, debe tenerse en claro que los bienes del Estado tienen un fin del bien público, ya sea para cumplir un servicio público (para toda la comunidad) o bien de acceso público (que accede toda la población).

Por ello, la función principal de la AABE es “generar un impacto social y económico positivo para los ciudadanos y sus comunidades a través de la gestión transparente y eficiente de los inmuebles del Estado Nacional, para contribuir a la transformación de la Argentina”.

Para cumplir con tan loable función, el primer objetivo fijado en la estructura funcional de la AABE es la de realizar Servicios comunitarios. Lo cual, consiste en “Llevar adelante diferentes programas para que comunidades de todo el país se sigan desarrollando y para ayudar a disminuir el déficit habitacional que afecta a casi el 30% de las familias argentinas”.

En esta primera cuestión, el Plan Costero, no solo no cumple sino que va en sentido totalmente contrario.  Tal como lo expresó el Arquitecto Daniel Bedran, (VER NOTA) “En la provincia más empobrecida del país, con un 49,3% de pobreza, con salarios promedios de apenas $ 18.000; en una ciudad con un déficit habitacional que supera largamente el 30% de la media nacional. Este falaz Plan Costero, pretende construir 350.000m2 en lugares privilegiados de la ciudad, con un valor de los departamentos, que rondaría cómo mínimo los 120.000 U$D, (5,4 millones de pesos hoy); resulta evidente que, quienes podrían acceder a dichos departamentos nada tienen que ver con la realidad de la comunidad correntina. Además, de la densidad poblacional puesta sobre la costa y el impacto ambiental que significaría dicha mega construcción, deberíamos sumar las consecuencias culturales negativas sobre nuestra vida comunitaria.

El segundo objetivo fijado, en la estructura funcional de la AABE, es la de realizar Servicios al Estado. Que consiste en “dar uso eficiente y racional a todos los espacios donde funcionan dependencias del Estado Nacional, para facilitar la planificación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas.

Los dos organismos del Estado, cuyos terrenos pretenden hacer el negocio inmobiliario “Plan Costero”, Vialidad Nacional y Vías Navegables, cumplen funciones indelegables del Estado; las que se encuentran plenamente vigentes. Y los terrenos fueron adquiridos y sus instalaciones fueron construidas específicamente para cumplir con la planificación, el desarrollo y la ejecución de las políticas públicas de dichos organismos.

Aquí, nos encontramos, con la necesidad de estos “gerentes-administradores” de accionar delictivamente sobre estos organismos para habilitar la venta de los terrenos. Para ello, tienen que generar las condiciones para encuadrarse en el tercer objetivo fijado, en la estructura funcional de la AABE, que es la de realizar Servicios inmobiliarios; que consiste en “Impulsar proyectos para dinamizar la economía, generar inversión y empleo, favorecer la integración de áreas postergadas al tejido urbano y mejorar el entorno”.

La idea del mega-negocio y el discurso sobre el supuesto beneficio para la economía y el empleo en la comunidad correntina, calzaría en este tercer objetivo de la AABE. Pero, se enfrentan con un condicionamiento ineludible; que, la venta y/o concesión de terrenos públicos sean “inmuebles subutilizados, abandonados y mal concesionados, además, condicionados a la necesidad, de que sean realizados en “procesos públicos y transparentes que garanticen la igualdad de acceso.”

En el caso del inmueble de vialidad nacional, tuvieron que desafectarlo del Plan Costero, dada la presentación por la organización sindical, rechazando el traslado de las oficinas a un edificio alquilado y en la ciudad de Resistencia. Con esta maniobra dolosa pretendían vaciar el edificio de Vialidad Nacional para ponerlo en venta como instalaciones en desuso. Pero, la acción de los trabajadores organizados les hizo caer el negocio del terreno de Vialidad Nacional.

Lo escandaloso, en términos políticos, económico-financiero, y principalmente en cuanto a su inmoralidad (contrario a toda ética de la función pública) es el vaciamiento fraudulento del Distrito Paraná Superior de Vías Navegables en Corrientes.   Vaciamiento fraudulento, que lo hacen con absoluta impunidad política y jurídica, tal como lo realizan con sus empresas, para llevarlas posteriormente a la venta o remate por “quiebra”.

Maniobras del Fraude

Aprovechando el Decreto de reforma ministerial, fusionaron en una subsecretaria, la de Transporte, Vías Navegables y Marina mercante, haciendo desaparecer la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, reemplazándola bajo el nombre de DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES.

Ellos mismos, quedan enredados en sus hipocresías políticas al armar los fundamentos de los instrumentos del fraude, quedando al desnudo su accionar delictivo.

En su Decreto de reforma de los ministerios, Macri fundamenta que “para cumplir con las responsabilidades que le son propias; y, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales resulta necesario reordenar las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Establece las reformas que se encuentran fundadas en el análisis y evaluación de las funciones indelegables del Estado Nacional. Reordenamiento que requiere una nueva conformación organizativa de los niveles políticos, basado en criterios de racionalidad y eficiencia que posibiliten una rápida respuesta a las demandas de la sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios permanentes”.

En el caso de Vías Navegables, como no pueden hacer desaparecer sus funciones (indelegable del Estado), hacen desaparecer el nombre del organismo “titular de los terrenos”: DNVN; pero, las funciones de planificación y desarrollo  de las políticas públicas de vías navegables  quedan bajo la denominación de DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES dependiente de la súper subsecretaria de puertos, vías navegables y marina mercante. Pero, en realidad el objetivo de estos gobernantes es el retiro, aunque, abandono de estas funciones públicas, en pos de negocios privados. Por lo cual, inician la acción de vaciamiento de la Dirección Nacional de Vías Navegables.

La primera acción que hicieron, en la total ilegalidad, inconstitucionalidad e inmoralidad (incumplimiento total de la Ley de ética pública) fue determinar por un Acta interna el cierre del Distrito Paraná Superior (Corrientes) con el único interés de ponerlo en condiciones de “abandono” para la venta del predio. Para ello, debía, ante todo vaciarlo de trabajadores, para lo cual, con acuerdo provincial y municipal, establecieron la absorción laboral de los trabajadores por parte de ambos estados. Violando leyes y convenios laborales. Con esta Acta presionaron a los trabajadores precarios (contratados) a aceptar  dichas absorciones.

Desde ATE se han hecho y se seguirán haciendo todas las acciones políticas sindicales y jurídicas en defensa de los trabajadores y del cumplimiento de las funciones del Estado en cuanto a las necesarias e imprescindibles políticas públicas del Organismo. Más aun, teniendo en cuenta que es un organismo, cuyas funciones fue declarado de  importancia y prioritario su accionar en el estado de Emergencia hídrica nacional en la región. Y se logró, sostener los puestos de trabajo y las funciones indelegables del Estado en el Distrito, aunque el gobierno nacional vació de actividad el Distrito.

Ahora vuelven a la carga con una Disposición, de la Subsecretaria, donde determina el “cierre por tiempo indeterminado” motivada por un informe técnico de la  COORDINACIÓN DE HIGIENE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO donde se describe circunstanciadamente las  malas condiciones laborales del predio, recomendándose que no se realicen actividades, atento el peligro de accidentes graves para los trabajadores que se desempeñan allí y los terceros que circulan en las inmediaciones. Determinando la no concurrencia al trabajo por razones de “inseguridad edilicia y laboral” y el pase a disponibilidad. Presionando una vez más, a los trabajadores a que acepten su absorción por la provincia o municipio.

Desde los trabajadores organizados en ATE seguimos resistiendo. Pero, también vienen realizando el vaciamiento de herramientas, maquinarias, equipamientos de los talleres del Distrito. Verdadera Estafa.

En la misma Disposición, se expresa que la DIRECCION DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES determinó cual sería el plan de acción inmediato, exponiendo que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), incluyó el predio de la Delegación de Paraná Superior dentro del proyecto urbanístico de desarrollo conjunto que se realizará entre el Estado Nacional, la Provincia de Corrientes y Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, según se denota en el Concurso Nacional de Ideas lanzado a mediados del año 2018 y por el cual se encontraría tramitando la desafectación del uso por parte de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE del mismo.

Esta claramente definida la acción delictiva por el abandono de la función pública de Vías Navegables (agravado por la situación de Emergencia hídrica); por el vaciamiento laboral y material; por el intento doloso de establecer el desuso para la venta del bien público. Nuestra resistencia se mantiene; pero, todo dependerá que se recupere el Estado de derecho y asumamos, los trabajadores la recuperación plena de las funciones, estratégicas, de Vías Navegables.

Desde ATE, Asamblea Ciudadana  y la CTA Corrientes sostenemos la resistencia administrativa y judicial; como también, avanzamos en la organización necesaria para poner el funcionamiento nuevamente de Vías Navegables.

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