EXTRANJERIZAR NUESTRA TIERRA CORRENTINA: LA NECEDAD DE LOS ATORRANTES

por Juán González -Srio.Gral. CTA CORRIENTES-

Los que gobiernan Corrientes son la mayor expresión política, y del sistema “económico-financiero”, identificada con la asociación ilícita encabezada por el presidente Macri, que gobierna la nación. Gobiernos (nacional y provincial) que sostenemos, son los de mayor corrupción de nuestra historia. Corruptos en toda su dimensión, política, social, económica y cultural; tanto, que la inmoralidad de sus conducta lo asumen con naturalidad, sinvergüenza ninguna.

El proyecto de Ley de “extranjerización de la tierra” presentada por los senadores Noel Breard, Sergio Flinta y Ricardo Colombi, y que ya tiene media sanción, es la más clara representación de la CORRUPCION TOTAL. Por donde la mires, es una ley de corrompidos  que corrompe todo en su andar.

Al tiempo que aprobaban este mamarracho de proyecto se conocía crudamente en números nuestra realidad, somos la provincia con la población más empobrecida. Casi el 50% somos Pobres y el 14%  indigentes. Significa además, los peores sueldos (debajo de pobreza), de mayor desocupación, de mayor déficit habitacional, mayor índice de desnutrición, HAMBRE, mortalidad prematura, infantil y mayores.

En una provincia rica, en recursos naturales, la más importante, el AGUA (combustible de la vida) la de mayor biodiversidad, productora de alimentos, pero para exportación. De histórico latifundismo local que se fue transformando, junto con Misiones, las provincias más extranjerizadas, ya superan el 13%.

Cuando esto sucede es que algunos se están enriqueciendo, unos pocos que además, la mayoría se la llevan afuera, recursos y dinero. Pues, la ecuación es determinante. Y es producto de estas políticas históricas, de injusta apropiación de riqueza por una oligarquía que fue mutando, de los terratenientes locales al inicio de la Dictadura del 76, a la desnacionalización de los noventa, a la actual extranjerización neocolonial. El 50% de los correntinos son pobres por carecer de los bienes o de capacidad material para vivir bien.

Este proceso no es ajeno a la clase política que gobierna la provincia, porque fueron y son partícipes de ello. He aquí su inmoralidad, porque la ética de la función pública es atender el interés público, al servicio del Bienestar general de la población. La falta de ética el los funcionarios públicos es DELITO. El proyecto de Ley de extranjerización de la Tierra es ilegal, ilegitima e inmoral.

La necedad de estos gobernantes que insisten en llevar a cabo un proyecto sin importarles las consecuencias, y ni siquiera tener en cuenta las cuestiones más elementales de la legalidad y ni hablemos de legitimidad. Que, no pueden aducir ignorancia, tampoco faltos de inteligencia, solo atribuible a  los atorrantes, a los “avivados” sinvergüenzas.

En todo su escrito se auto-incriminan con la natural soberbia de los mediocres. Allí parten diciendo que, “La Provincia de Corrientes al reformar su Constitución en el año 2007 introdujo una cláusula en el artículo 61 por la que se refirió a la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros”.

Y a continuación sostienen que, “El precepto constitucional se divide en tres cláusulas: i) una por la que se establece un propósito manifestado en el mantenimiento de la integridad del territorio provincial; ii) una segunda cláusula que atribuye al Estado acciones de incentivo en pos de aquél propósito; iii) y finalmente una restricción de carácter relativo hacia los extranjeros en cuanto a la adquisición de inmuebles dentro de la provincia”.

Primero, eluden maliciosamente decir lo sustancial que, El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles…, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios”. El objeto principal de la integridad territorial es que los bienes inmuebles se mantengan en manos de habitantes argentinos nativos.

¿Para qué? Para que los habitantes de este territorio puedan vivir bien. Porque, todas las tierras de nuestra provincia son estratégicas por su riqueza en recursos naturales imprescindibles para vivir; imprescindibles para una estrategia de desarrollo, para lograr la soberanía alimentaria y que no haya ningún hogar indigente (Hambre cero) en nuestra provincia y la menor cantidad de pobres nativos.

Pero, estos políticos reconocen que no tienen la menor estrategia para con los nativos (el pueblo correntino) sino que nunca la tuvieron ni les interesa. Con total desparpajo argumentan en el escrito que, A la fecha, no fueron dictadas leyes que regulen incentivos específicos derivados del precepto, habiendo transcurrido más de 10 años desde la reforma”. Es decir, ellos que están gobernando desde hace más de 10 años, no dictaron leyes que regulen incentivos específicos para los nativos o para los Estados provincial o municipal.

Resulta perverso expresar que, como no hay regulación de incentivos para mantener la integridad territorial en manos de nativos o en los Estados, habilitemos a la entrega extranjera que está PROHIBIDA por la constitución en ese mismo artículo que ellos maliciosamente pretenden confundir restricción.

De que otra manera puede interpretarse todo el párrafo, Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo precedente, con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal conforme la ley”. En el caso del proyecto de ´ley se trata de un requerimiento de la empresa celulósica extranjera para adquirir tierras para su explotación. Para las personas físicas extranjeras cumplen con la constitución nacional, quienes acrediten residencia. Que, son los inmigrantes.

Pero, su inmoralidad no es una cuestión de interpretación, es claramente una conducta política delictiva, por incumplimiento de sus responsabilidades constitucional en lo establecido en el “Artículo 62: La Provincia y los municipios, en el marco de sus respectivas competencias, ordenan el uso del suelo y regulan el desarrollo urbano, suburbano   y rural, bajo las siguientes pautas:

1) La utilización del suelo no puede afectar el interés general.

2) El ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a objetivos, políticas y estrategias de planificación democrática y participativa de la comunidad”.

Y si no entienden aún su responsabilidad de gobernar para los intereses del pueblo y no para los intereses extranjeros, le transcribimos el “Artículo 63: La Provincia considera la tierra como instrumento de producción, evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de latifundios improductivos.

Es legítima la propiedad privada del suelo y el acceso a la misma constituye un derecho para todos los habitantes de conformidad con la ley.

El Estado Provincial propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización y el asentamiento de familias rurales con apoyo crediticio, técnico y de fomento.

La ley establece las condiciones del manejo de la tierra como recurso renovable, y a través de impuestos generales desalienta su explotación irracional y su tenencia libre de mejoras.

Estúpidamente aducen que nadie se “calentó” en presentar leyes que regulen los incentivos para los nativos en estos 10 años, que ellos son gobierno; y que por ello, habilitan para la extranjerización.

Esto también es Falso. Desde el 2014 tenemos una ley nacional a la que la provincia adhirió, la “Ley 27.118 de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina”.

Esta Ley como su nombre lo indica reconoce la responsabilidad política de los Estados (gobiernos) a reparar el daño sobre las comunidades agrarias; en su artículo 2 crea “el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Apuran aprobar este proyecto de Ley por la necesidad, del gobierno nacional, de cerrar los negocios antes de irse. Pero, ¡¡No pasaran!! Todo es nulo de nulidad absoluta

Las comunidades campesinas y urbanas vencerán

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