Macri gobierna contra el pueblo


Como todo gobierno antidemocrático


Según la Ley nacional de ética pública el presidente Macri y todos sus funcionarios de gobierno deben, “Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; y además, “Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.

El gobierno macrista no cumple con la Constitución nacional ni con sus responsabilidades de funcionarios públicos, actúa y realiza todo lo contrario. Su objetivo de gobierno, no es el Bienestar general sino, el interés privado y particular propio  y de sus “amigos empresarios corporativos”, que enriquecen a costa del interés público

No defiende el sistema republicano y democrático sino que lo violenta, en contra de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de la ciudadanía, de sus comunidades, de los pueblos.

Ayer, 4 de abril, los bloques de la oposición lograban que la Cámera de Diputados convoque a sesión extraordinaria para tratar proyectos a favor de los derechos de los jubilados y también, en contra de los Tarifazos de servicios públicos (luz, gas, agua,…). Hace un mes que el Congreso está en periodo ordinario y por orden del gobierno no se convocó aún a ninguna sesión; por ello, fue el pedido a sesión extraordinaria. Que coincidió con movilizaciones en todo el país, pero muy especialmente, a la plaza de los congreso en Buenos Aires.

La oposición logró el quórum para sesionar. Pero el oficialismo participó para que no se apruebe, votando en contra y así, imposibilitar que se logre los dos tercios de los votos para aprobar los proyectos, necesarios en sesión extraordinaria. La orden del gobierno fue rechazar sin discusión.  Hace un año ocurrió exactamente lo mismo, quórum sin los dos tercios, con el pueblo trabajador movilizado afuera del Congreso.

De esta manera, el gobierno bloquea el funcionamiento institucional democrático del poder legislativo.

También violenta el poder judicial. Así ocurrió al comienzo de los Tarifazos. Ante el primer aumento de tarifas, en el 2016 (149%), un juez en La Plata de la provincia de Buenos Aires, Luis Arias falló a favor de un pedido de Amparo, suspendiendo los nuevos cuadros tarifarios. El juez Arias había argumentado que el Gobierno bonaerense, antes de aumentar el costo de la luz, deben llamar a una audiencia pública (espacio de participación democrática exigido por la Constitución, para establecer las tarifas); cosa efectivamente, no ocurrió.

En un mes la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata revocó el fallo del juez Luis Arias, dando en segunda instancia, razón a la presentación de una empresa distribuidora, en acuerdo el gobierno de María Eugenia Vidal, habilitando a las concesionarias Edelap, Edes SA, Edea SA, y Eden SA a los ajustes tarifarios. Argumentando “el riesgo que corre la sustentabilidad de las empresas que prestan el servicio”. Esta, no es otra que la definición política del gobierno, garantizar las ganancias privadas empresariales por encima de los derechos constitucionales, derechos humanos de la ciudadanía.

Por ello, había que “disciplinar” a los jueces al nuevo régimen de gobierno (de contra derecho); a los pocos meses, el juez Arias fue suspendido y enjuiciado por el atrevimiento de haberse opuesto a la decisión del gobierno. Y el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, lo destituyó.

La acusación sostuvo como cargos fundamentales para dicha determinación, abuso de autoridad, irregularidades administrativas, incumplimiento de los deberes de funcionario público. El motivo real de su destitución, fue que el juez Arias se atrevió a oponerse jurídicamente no solo al aumento de tarifas, ordenando cumplimiento democrático de la Constitución (audiencia pública); sino también, había intervenido judicialmente en el conflicto salarial de los estatales bonaerenses,  específicamente en cuanto a los descuentos por días de huelga. A partir de aquello, no hubo amparos a favor de los trabajadores y la ciudadanía referida a las políticas impuestas por el gobierno nacional.

De esta manera, bloquearon el funcionamiento republicano de la Justicia, contra el sistema democrático.

Todos los actos del gobierno privilegian el interés privado y particular, por encima del interés público, en contra del bienestar general. Esta conducta, además de ser una falta de ética resulta ser un accionar delictivo, según lo determina la Constitución nacional en su artículo 36º, “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento”

¿Quiénes se benefician con estas políticas del gobierno?

Políticas realizadas a través de actos inconstitucionales violentando el orden institucional que atentan contra el sistema democrático.

Quienes gobiernan la nación, encabezados por el presidente Mauricio Macri, siendo ricos, se han beneficiados más aún, con la aplicación de sus políticas. Los beneficiarios fueron y son, el sistema financiero (bancos) y las grandes empresas, las formadoras de precios y los amigos del Presidente, como son las empresas energéticas.  Políticas que nos llevaron y nos siguen empujando a los trabajadores y la ciudadanía popular al empobrecimiento y la indigencia.

Estas políticas neoliberales del gobierno macrista no contiene nada nuevo, por el contrario, quienes sufrimos  la Dictadura cívico militar iniciada en 1976 sabemos perfectamente de que se trata. Como en aquel gobierno de facto, el manejo político económico está en manos de ministros que son operadores de multinacionales, de nuevo serviles al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales aplican la misma receta, en contra del Bienestar general del pueblo. La pobreza, significa perdida del ingreso salarial, caída del consumo, incremento de las tasas de desnutrición y mortalidad infantil, destrucción de la educación pública, aumento del desempleo, de la tasa de inflación y así, continuamos en un peligroso círculo vicioso. 

Después de los bancos, el negocio energético, es el de mayor “privilegio”, con la imposición política del gobierno orientada al “enriquecimiento privado particular. Y son estas, las que más violentan el Bienestar general. El incremento de las tarifas energéticas es lo que más golpea a las economías regionales, a las pymes y a las casas de familias.

Por supuesto que estos grandes beneficiarios tienen nombre y apellidos, como Marcelo Mindlin  y Nicolás Caputo, amigo íntimo y socio del Presidente desde la infancia, ahora el más beneficiado del negocio energético.

Los ganadores son pocos y de grandes ganancias, de enorme enriquecimiento.

Los perdedores somos muchos y de enorme impacto en nuestras vidas, en nuestros derechos fundamentales para vivir bien.

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) muestra que en el año 2015, el peso promedio de una canasta de servicios públicos rondaba el 6% del salario mínimo, mientras que en el 2018 este porcentaje subió al 21 por ciento. En este sentido, la Argentina pasó de estar última en 2015 al tercer puesto en 2018 detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%) de los peores.

En Europa se desarrolló el concepto de “pobreza energética”; implica que, quien paga más del 10 % de su salario en energía es un pobre energético. En la Argentina estamos en este año 2019 por encima del 30 %.

En Corrientes es mucho más impactante, porque somos la provincia de mayor pobreza del país, los salarios más bajos y las tarifas más altas de la región NEA.

Sostenemos que “los servicios públicos, de agua y energía, son derechos humanos”. Asi es reconocido en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde  se determina que “los aumentos deben ser justos, razonables, no confiscatorios y proporcionales; los servicios son un derecho humano, y deben poder ser pagados por la gente”. La lucha de los trabajadores se ajusta a estos objetivos de los derechos, de la relación del costo de los servicios con los salarios, no más del 10%, con salarios dignos, suficiente para vivir bien.

Por todo, luchamos los trabajadores organizados en la CTA junto a los movimientos sociales populares. Movilizados en la calle, como ayer, y realizando una campaña de asumiendo el derecho de resistencia (más de 2.500 firmas) que presentamos al Defensor del Pueblo de Corrientes adhiriendo a su presentación de amparo en la justicia federal contra el tarifazo nacional y reclamando resolución con urgencia.

Y también al ejecutivo provincial, que en definitiva tiene la responsabilidad de fijar las tarifas a los usuarios en la provincia. Resulta además, inmoral y una verdadera estafa, la respuesta del gobierno macrista provincial, de Gustavo Valdes, de aplicar los tarifazos en febrero y ahora en abril, siendo que por fallo judicial definitivo, por tarifa mal aplicada durante los años de 2009 al 2013, nos debe a los usuarios 700 millones de pesos (valor sin actualización)

Al gobierno nacional ya lo denunciamos penalmente  por el delito doloso contra el Estado con el fin de enriquecimiento privado particular.

La lucha continua, desde la resistencia democrática.

La exigencia del paro nacional, el convocar a una marcha federal, a la desobediencia civil, son todos caminos hacia la restitución del Estado de derecho

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