JUÁN GONZÁLEZ: SON INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA

INFAMES TRAIDORES DE LA PATRIA

¡Patria Si, Colonia No! Gritábamos en nuestras marchas contra las privatizaciones durante el gobierno de Menen-Duhalde y conducido por Cavallo. Era la continuidad del plan neoliberal de la genocida Dictadura cívico militar de Videla & Cía, conducida por Martínez de Hoz. No eran solo privatizaciones, sino de la desnacionalización del país. Fue el inicio de entrega del patrimonio nacional, al poder financiero internacional dependiente de los EEUU.

Martínez de Hoz nombrado Ministro de Economía era el presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), organización compuesta por empresarios provenientes del sector financiero y grandes propietarios de tierras (latifundistas). Y en su mensaje, presentando este plan económico neoliberal de la Dictadura, lo sintetizó en una frase “Hay que achicar el Estado para agrandar la nación”.

Al final del cogobierno Videla-Martínez de Hoz, los trabajadores del Estado y la ciudadanía popular, tuvimos claro el significado de las políticas neoliberales ejecutadas por estos genocidas dictadores. Tanto que nos permitió traducir el plan que Martínez de Hoz sintetizaba con aquella frase, en realidad decía, “vamos a reducir el Estado social de derecho para agrandar los negocios privados y particulares de las corporaciones asociadas al CEA en nuestro gobierno de facto”.

La identidad empresarial del CEA marcaba los objetivos de la dependencia, financiera y de producción primaria, esta etapa fue desnacionalización industrial que significó 20.000 fábricas cerradas durante la Dictadura. Todo bajo el ordenamiento del poder financiero. La estafa del endeudamiento externo fue doble, el directo al Estado y luego, la estatización de la deuda privada. Y aquí, está el nexo de la continuidad, Domingo Cavallo.

Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, Socma y Sevel (del grupo Macri) están en un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos al Estado, o sea nos cargaron a nosotros, el pueblo. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. Y también las corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat; las del sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.

Domingo Cavallo, el armador de la estatización de la deuda externa también favoreció a empresas relacionadas con su Fundación (Mediterranea), Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

El perjuicio que estas compañías asociadas a la dictadura nos ocasionaron, al Estado – Pueblo, fue calculado en 1983, en 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que era de 45.100 millones de dólares.

Alejandro Olmos demandó a más de 100 empresas favorecidas con la estatización, pero la maniobra fue “legalizada por el gobierno de Facto”; fue una estafa pero legal.

No obstante, el juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.

Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma y Sideco Americana del Grupo Macri; Cargill, Selva Oil, , Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.

Identificábamos a los grupos empresarios relacionados con el Estado (gobiernos) como los de la patria financiera, la patria contratista y la industria liderada por los Rocca.

El grupo Perez Compac de diez empresas, fueron 53 al terminar la dictadura y serán 149 durante la primera presidencia de Menem. El grupo Macri era propietario de 7 empresas y fueron con la dictadura 47. El grupo Techint (Rocca) se benefició enormemente de la política económica y represiva del período dictatorial a dos niveles: haciendo uso de la bicicleta financiera, obtuvieron grandes préstamos internacionales, fueron proveedores exclusivos del Estado y también asistieron a la fiesta de la obra pública; y cuando el gobierno de facto estatizó la deuda externa de numerosas compañías, Techint se benefició con 186 millones de dólares.

Al igual que Martínez de Hoz,  Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo, en su presentación del plan de “reforma del Estado” (Privatizaciones) sintetizaría con una frase fallida, que fue una sinceramiento del subconciente, al expresar “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.

La privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad y transporte, fueron desnacionalizaciones, verdaderas entregas de nuestro patrimonio nacional; hoy, son expresión dominante de la continuidad de ese saqueo.

La privatización de servicios públicos fue un gran negociado entre aquellos grupos privados y funcionarios corruptos relacionados con las empresas asociadas. Su impacto en el pueblo fue el empobrecimiento y su contracara fue el enriquecimiento exponencial de los sectores empresarios que resultaron adjudicatarios de las licencias, como fue el actual caso reconocido del grupo Macri, con la concesión del Correo Argentino, por la que debe todavía al Estado una suma millonaria que pretendió condonarse. Aquí en corriente, con la privatización de Aguas con Sideco Americana (Macri). Primera privatización en provincia, negociado que aún hoy sufrimos las consecuencias los correntinos.

En 1976, existían unas 148 empresas públicas, del Estado nacional y unas 149 de los Estados provinciales y municipales. En el 2001 sólo quedaban 15 en funcionamiento.

El fundamento del gobierno menemista fue, “vamos a terminar con el déficit del Estado y además, reduciremos el endeudamiento externo”. Porque las empresas privatizadas, supuestamente deficitarias, fueron pagadas con papeles de deuda externa al 100% de su valor; papeles, que en el mercado internacional eran cotizadas al 20% de su valor.

Nuevamente una estafa, pero legal con la Ley Dromi.

Por esto, en la reforma de la Constitución nacional de 1994 se introdujo el capitulo segundo de Nuevos Derechos y Garantías. Para cualquier gobierno, sea de facto o electo democráticamente, cometa actos de fuerza contra los derechos constitucionales, violentando el orden institucional y contra el sistema democrático, la Constitución mantiene su imperio y esos actos, son insanablemente nulos.

Además, en el primer artículo de ese capítulo segundo de la Constitución (36º) nos otorga a cada ciudadano el derecho de resistencia. Y a los autores de estos actos de fuerza contra los derechos del pueblo establece que, “serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”.  

Está claro que no se tratan de delitos comunes al encuadrarlos en el artículo 29º estableciendo que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.

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